DERECHO DE CONSUMIDORES (VIII)

¿Cómo funcionana las Juntas Arbitrales?...os lo explicamos a continuación:

COMPETENCIA TERRITORIAL.

Se establecen reglas claras sobre el reparto territorial de competencias de las Juntas Arbitrales (art. 8 RDAC). Cuando se trate de una solicitud individual de arbitraje, es competente la Junta Arbitral a la que las partes se sometan de mutuo acuerdo. Y en defecto de acuerdo, será competente la Junta Arbitral territorial en la que tenga su domicilio el consumidor (si hay varias Juntas Arbitrales territoriales en dicho domicilio, será competente la de inferior ámbito territorial), con una única excepción: si existe una oferta pública de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo que contiene una limitación territorial, será competente la Junta Arbitral territorial a la que se haya adherido la empresa, “y si éstas fueran varias, aquélla por la que opte el consumidor” (art. 8.3 RD 231/2008). Esta última expresión es desafortunada, pues si existe una oferta pública de sometimiento que contenga una limitación territorial, el consumidor se adhiere siempre a través de una única Junta Arbitral, aunque serán competentes territorialmente (y entre ellas puede optar el consumidor) todas las Juntas Arbitrales que operen en el territorio al que alcanza la oferta pública, sea general o limitada.

En cualquier caso, la determinación de la Junta Arbitral competente territorialmente será más o menos complicada en función del modo en que se haya celebrado el convenio arbitral. Así, si no hay convenio previo ni oferta pública de sometimiento, será competente la Junta Arbitral ante la que el consumidor presenta la reclamación, que es posteriormente aceptada por el empresario, sin ningún problema. Si hay oferta pública de sometimiento con limitación territorial, habrá de estarse a lo que se disponga en ella, de modo que será competente la Junta o Juntas Arbitrales que se indiquen en la oferta pública de sometimiento. Si hay oferta pública de sometimiento sin limitación territorial, habrá que acudir a los criterios arriba citados: elección de mutuo acuerdo, o en su defecto, la Junta Arbitral en la que el consumidor tenga su domicilio. Por último, si la sumisión al arbitraje de consumo deriva de una cláusula contractual incorporada al contrato principal, se aplicarán estos mismos criterios.

Una vez recibida la solicitud de arbitraje en una Junta Arbitral, lo primero que debe hacer su Presidente será analizar su propia competencia territorial. Si se considera incompetente, deberá dar traslado de la solicitud a la Junta Arbitral competente en el plazo de quince días contados desde la presentación de la solicitud (art. 37.1 RD 231/2008).

3.6.- JUNTAS ARBITRALES DE CONSUMO.

Las Juntas Arbitrales son los órganos administrativos de gestión del arbitraje institucional de consumo, y prestan servicios de carácter técnico, administrativo y de secretaría, tanto a las partes como a los árbitros (art. 5.1 RD 231/2008). Sus funciones vienen detalladamente enumeradas en el artículo 6 del Real Decreto. Además de las previstas en el viejo artículo 4 RD 636/1993, se añaden otras como la de resolver sobre las ofertas públicas de adhesión y conceder o retirar el distintivo de adhesión, comunicar al registro público de empresas adheridas los datos de las empresas que han realizado ofertas públicas de adhesión a través de esa Junta Arbitral, dar publicidad de las empresas que se han adherido al sistema arbitral, elaborar y actualizar la lista de árbitros acreditados ante esa Junta Arbitral, gestionar el archivo arbitral, llevar los libros de registro relativos a los procedimientos arbitrales, gestionar el registro de laudos emitidos, que será público, etc.

En cuanto a la composición de las Juntas, el artículo 7.1 RD 231/2008 reproduce el viejo artículo 3.4 RD 636/1993. Además, si existen delegaciones territoriales o sectoriales de la Junta Arbitral, se podrán designar Presidente y Secretario de la delegación (art. 7.3. RD 231/2008), aunque no es obligado hacerlo. Por otra parte, se fijan las funciones del Secretario de la Junta Arbitral, como garantizar el funcionamiento administrativo de la Junta Arbitral, siendo el responsable de las notificaciones de los actos de la Junta (art. 7.3. RD).

Por último, se resuelve la cuestión de la naturaleza de los actos de la Junta Arbitral, al declarar que la actividad de la Junta es de carácter administrativo, por lo que le será de aplicación la Ley 30/1992 en lo no previsto expresamente en el Real Decreto (art. 3.2 RD 231/2008). Todas las resoluciones del Presidente de la Junta Arbitral ponen fin a la vía administrativa, salvo la posibilidad de interponer recurso contra la admisión o la inadmisión de solicitud de arbitraje, prevista en el artículo 36 RD 231/2008 (art. 7.2 RD 231/2008).

ÓRGANOS ARBITRALES.

Una de las novedades más controvertidas del RD 231/2008 es la posibilidad de que en determinados casos conozca un único árbitro. Esta posibilidad estaba ya prevista en el artículo 57.2 RDL 1/2007 (cuyo origen está en la Disposición Final Sexta 3 de la Ley 44/2006), que remite a un futuro reglamento. Ahora, el artículo 18.1 RD 231/2008 admite que los órganos arbitrales pueden ser unipersonales o colegiados, dedicando a cada uno de ellos, respectivamente, los artículos 19 y 20 RD 231/2008.

Habrá árbitro único cuando las partes así lo acuerden o cuando lo acuerde el Presidente de la Junta Arbitral, siempre que la cuantía de la controversia sea inferior a 300 € y que la falta de complejidad del asunto así lo aconseje (art. 19.1 RD 231/2008). Se piensa, por tanto, que un único árbitro es suficiente para conocer de los conflictos de baja cuantía económica o de fácil resolución. Se persigue así reducir el coste económico que tiene el arbitraje para la Administración, pues se considera que para ese tipo de conflictos no es adecuado designar un Colegio de tres árbitros.

En cuanto al órgano arbitral colegiado, denominado Colegio arbitral por el artículo 20.1 RD 231/2008, está formado por tres árbitros, designados cada uno de ellos entre los propuestos por la Administración, las asociaciones de consumidores y las organizaciones empresariales o profesionales (igual que en el artículo 11.1 RD 636/1993). Al Presidente del Colegio lo designará el Presidente de la Junta Arbitral, aunque en determinados casos lo pueden nombrar de mutuo acuerdo las partes, cuando la especialidad de la reclamación así lo requiera o en el supuesto de que la reclamación se dirija contra una entidad pública vinculada a la Administración a la que esté adscrita la Junta Arbitral de Consumo  (art. 20.2 RD 231/2008, siguiendo también al art. 11.1 RD 636/1993).

DERECHO DE CONSMIDORES (VII)

Continuamos con el análisis del Arbitraje de consumo, ahora, dos cuestiones importantes: a qué y quienes se aplica, y como se aplica...

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El Sistema Arbitral de Consumo se define legalmente como el arbitraje institucional de resolución extrajudicial, de carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, de los conflictos surgidos entre los consumidores y usuarios y las empresas o profesionales en relación a los derechos legal o contractualmente reconocidos al consumidor (art. 1.2 RD 231/2008). Este sistema de resolución de conflictos específicos se suma a los tradicionales, la protección administrativa y la judicial, como no puede ser menos, en virtud de lo dispuesto por los artículos 24 y 51 de la Constitución. No chocan entre sí, sino que se complementan, ya que en algunas ocasiones será más aconsejable recurrir a la vía arbitral o a la administrativa o judicial, teniendo en cuenta las características de la reclamación presentada, si puede afectar a un número indeterminado de consumidores, si es motivo de sanción administrativa, etc., para lo que habrá que estar a las circunstancias concretas de cada caso.

3.4.- MATERIAS OBJETO DE ARBITRAJE.

En cuanto a la delimitación objetiva del arbitraje, se produce de dos modos: desde un punto de vista positivo por la fijación de materias indisponibles y desde un punto de vista negativo por la limitación legal de la enumeración de las materias excluidas. La regla general es que son susceptibles de arbitraje de consumo los conflictos que versen “sobre materias de libre disposición de las partes conforme a derecho” (art. 2.1 RD 231/2008, en idénticos términos que el art. 2.1 LA). Se ha venido entendiendo tradicionalmente que las partes no gozan del poder de disposición, además de cuando no concurran los requisitos para ello de un modo casuístico, cuando predomine el interés público. Como declara reiteradamente el Tribunal Constitucional, llega la sumisión al arbitraje hasta donde llega la libertad del individuo. Por ello, dicho sometimiento es perfectamente válido y eficaz sin que colisione con el derecho de tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española . También el Tribunal Supremo ha sentenciado que sólo son susceptibles de arbitraje las cuestiones de derecho privado dispositivo, excluyendo aquellas otras consideradas de derecho necesario y las que debieran ser objeto de un proceso especial.

El artículo 2 de la Ley de Arbitraje de 2003 regula las materias objeto de arbitraje sobre la base del criterio de la libre disposición, como también hacía la Ley 36/1988, pero sin contener una relación de materias numeradas al considerar suficiente el establecer que, para que una controversia sea arbitrable, debe coincidir con la disponibilidad de su objeto para las partes siendo, en principio, arbitrables todas las cuestiones disponibles. En consecuencia, en el arbitraje privado, en principio, pueden ser objeto de tratamiento aquellas materias que sean de libre disposición para las partes conforme a derecho, quedando excluidos los arbitrajes laborales y los supuestos en los que intervenga el Ministerio Fiscal, exista sentencia firme o en aquellos casos en los que sean aplicables leyes que contengan disposiciones especiales, estando excluidas, por ser indisponibles, las cuestiones relativas al estado civil, condición y capacidad de las personas.

Por último, debe destacarse que quedan exceptuadas del conocimiento del Sistema Arbitral de Consumo las cuestiones sobre las que exista una resolución judicial firme y definitiva, aquéllas en que las partes no tengan poder de disposición, las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan poder de disposición, las cuestiones en las que según la legislación vigente deba intervenir el Ministerio Fiscal, además de que no concurra algún tipo de lesión, intoxicación o muerte y no existan indicios racionales de delito, como exige el TRLGDCU.

Por lo que respecta a la comisión de un delito o a la presencia de indicios racionales del mismo, conviene analizar las distintas posibilidades que pueden presentar los hechos y pudiera resultar también conveniente aclarar su alcance, vista la actuación desarrollada por gran parte de Juntas Arbitrales ante la invocación empresarial de la excepción de la concurrencia de indicios racionales de delito. Así, en primer lugar es posible que existan ya unas diligencias incoadas, en cuyo caso, acreditadas estas, deberá inhibirse el Colegio. Igualmente sucederá si cualquiera de las partes, una vez iniciado el arbitraje, comunica al Colegio la presentación de una denuncia o querella. Por su parte, si los árbitros tienen conocimiento o fundadas sospechas de la existencia de un delito incurren en la obligación, ex artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de poner estos hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal o la Autoridad Judicial o policial.

La especialidad de esta limitación debe entenderse en relación a la responsabilidad civil que pueda derivarse del hecho delictivo que, por participar, con carácter general, de la naturaleza de los derechos privados y como tal renunciables, es susceptible de sometimiento a arbitraje. Pero independientemente de la naturaleza civil o penal del ilícito que causa un daño, la responsabilidad dimanante del mismo es puramente civil. En este extremo no interviene el Ministerio Fiscal, puesto que incluso puede no reclamarse, y también es posible transigir sobre ella y someterse, por tanto, a arbitraje, tanto general como de consumo. Lo expuesto no es óbice para que la Junta Arbitral deba abstenerse de conocer el litigio por la mera invocación de una de las partes de posible existencia de causa penal. Así se deduce de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de mayo de 2000.

Fuera de los casos del artículo 2.2 RD 231/2008, es claro que los daños contractuales son materia arbitrable, incluso los daños contractuales de tipo secuencial derivados de la adquisición de bienes o servicios (por ejemplo, daños causados en la persona o bienes del consumidor, distintos del comprador del bien de consumo). La norma no aclara, sin embargo, si son arbitrables las controversias que tienen un origen no contractual (en particular, los daños causados en bienes de terceros por productos defectuosos o los daños extracontractuales). Sin embargo parece que la respuesta ha de ser negativa, pues el arbitraje de consumo sólo resuelve controversias derivadas de relaciones de consumo (art. 24.1.I RD 231/2008), y éstas, por definición, se caracterizan por su origen contractual. Tampoco se refiere el Real Decreto a la posibilidad de ejercitar por vía arbitral una acción de cesación.

DERECHO DE CONSUMIDORES (VI)

Hoy vamos a ver los detalles principales del mecanismo estrella de protección de Consumidores y Usuarios, y los conceptos generales.

ARBITRAJE DE CONSUMO.

Como ya se ha visto, el arbitraje es un sistema que permite solucionar los conflictos de derecho privado cuando las partes no logran un acuerdo y no desean acudir a los Tribunales ordinarios de Justicia, resolviéndose estos litigios por árbitros designados, generalmente, por las partes.

Aplicado al mundo del consumo, puede definirse como un sistema extrajudicial voluntario que permite resolver de un modo sencillo, rápido y económico todas aquellas discrepancias que habitualmente surgen entre los consumidores y empresarios, siempre que no concurran en los hechos lesión, intoxicación, muerte o indicios racionales de delito.

En la actualidad, el marco legal viene definido por los artículos 57 y 58 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 2007 y por el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo. Este último define el arbitraje de consumo, en su artículo 1.1, como “el arbitraje institucional de resolución extrajudicial, de carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, de los conflictos surgidos entre los consumidores o usuarios y las empresas o profesionales en relación a los derechos legal o contractualmente reconocidos al consumidor”.

Según la forma en que se resuelvan los litigios sometidos, el arbitraje de consumo puede ser de derecho o de equidad:

a) Arbitraje de Derecho: cuando la resolución del conflicto se decide con sujeción exacta a las normas legales vigentes para la materia debatida, en cuyo caso los árbitros que se designen han de tener la condición de abogados en ejercicio o licenciados en Derecho.

b) Arbitraje de equidad: cuando para la resolución del conflicto no se aplica expresa y exactamente el Derecho, ni los árbitros han de ser juristas, sino personas de reconocida experiencia en la materia, que deciden según su leal saber y entender. El artículo 33.1 RD 231/2008 establece claramente esta opción, salvo que las partes opten expresamente por la decisión en Derecho, contra el criterio general de la Ley de Arbitraje.

Sin embargo la delimitación del concepto de equidad aplicable al arbitraje de consumo encierra un importante debate. Es evidente que juzgar o decidir en base a equidad implica tomar en consideración las circunstancias de cada caso concreto, intentando restablecer la justicia o la igualdad entre las partes que presentan su controversia, prescindiendo del rígido formalismo de la ley. Sin embargo, no hay que olvidar que el art. 1.2 RD 231/2008 establece claramente que el Sistema Arbitral de Consumo tiene como finalidad “atender y resolver... las quejas o reclamaciones de los consumidores y usuarios”, "en relación a sus derechos legal o contractualmente reconocidos". Así, por ejemplo, podrán discutirse en base a equidad las condiciones de aplicación del derecho de garantía sobre un bien de naturaleza duradera, su plazo o su documentación, pero partiendo de la existencia de un derecho reconocido expresamente por la ley.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS.

El arbitraje de consumo, por su propia naturaleza, presenta las siguientes características:

a) Economía: la Disposición Adicional Primera de la Ley de Arbitraje de 1988 era tajante al afirmar que los arbitrajes de consumo serían gratuitos, lo que constituye su primera característica y una de sus principales ventajas.  Sin embargo, cabe plantearse si esta gratuidad es absoluta o no. En principio no hay obstáculo insalvable para entender que la gratuidad pueda ser total, pues se trata de un servicio que el Estado presta a los ciudadanos, aunque en algunos países europeos se ha establecido una pequeña tasa previa para poder reclamar, que sin suponer quebranto económico para el consumidor o dificultad para acudir al arbitraje, evitaría la proliferación de peticiones no razonables.  No obstante, el artículo 41.1 RD 231/2008, referente a los principios del procedimiento arbitral de consumo, zanja definitivamente esta cuestión al optar por la gratuidad.

La gratuidad quiebra sin embargo en cuanto a la práctica de algunas pruebas, que no siendo acordadas de oficio por la Junta Arbitral, deberán ser costeadas por quienes las propongan y las comunes por mitad, y en cuanto a una eventual condena en costas atendiendo a los criterios de temeridad o mala fe (art. 45.3 RD 231/2008).

b) Rapidez: este es uno de los puntos clave que pueden decidir el éxito o fracaso del arbitraje de consumo. Las reclamaciones que más frecuentemente se van a presentar en este ámbito no serán, en principio, de un valor económico muy elevado; por eso precisamente si no se solventan con gran rapidez, pierden toda utilidad. Aunque el arbitraje puede prolongarse tanto como un proceso judicial, esto no es lo normal, porque las partes pueden establecer el plazo al que los árbitros deberán sujetarse y, sobre todo, porque en el arbitraje las formalidades se reducen al mínimo y la acción de anulación contra el laudo es limitada.

c) Voluntariedad: viene impuesta por el artículo 24 de la Constitución que establece el derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que el sometimiento a otra distinta ha de realizarse mediante acuerdo de las partes.

d) Ejecutividad: los laudos arbitrales son de obligado cumplimiento, e inmediatamente ejecutivos sin necesidad de recurrir a segundas instancias, al tener el carácter de cosa juzgada y haberse limitado sensiblemente la acción de anulación contra el laudo.

El arbitraje de consumo es un servicio público que se está prestando en las Administraciones Públicas, principalmente, a través de la Administración Local, facultada por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de régimen local, en su artículo 25,2.g) que reconoce a los municipios competencia en materia de defensa de los usuarios y consumidores, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.

La experiencia del Sistema Arbitral de Consumo en España, iniciado con carácter experimental en 1986, demuestra cuáles son sus ventajas frente a otros medios de acceso a la Justicia:

a) Las reclamaciones ante las Juntas Arbitrales pueden ser presentadas personalmente por los consumidores, o bien a través de sus Asociaciones o de los Organismos públicos de defensa del consumidor. En la práctica, suelen presentarse a través de las Asociaciones, OMIC, Juntas Municipales de Distrito o Direcciones Generales de Consumo, lo que supone un filtro previo con el que se logra que el número de reclamaciones improcedentes o no admitidas a trámite sea muy bajo, y que el reclamante comparezca al acto de la vista habiendo sido informado previamente de sus derechos y de las posibilidades reales de que su reclamación prospere.

b) Antes de iniciarse la vista arbitral se intentará la conciliación entre las partes, descargando a la Junta de parte de las reclamaciones, y evitando los inconvenientes de someter los casos a pruebas o peritajes con nuevas citaciones a las partes, lo que abarata y agiliza la tramitación.

c) El Colegio Arbitral está constituido por un representante del sector empresarial afectado, un representante de organismos o asociaciones privadas de defensa del consumidor, y un representante de la Administración pública de consumo, que actúa como Presidente.  Asimismo, actuará un representante de la Administración de consumo como Secretario, con voz pero sin voto. No obstante la nueva regulación legal modifica éste régimen, permitiendo la decisión de un árbitro único, de la Administración, cuando la cuantía reclamada sea inferior a 300 € o el asunto no revista mucha complejidad.

d) Las partes pueden acudir directamente, sin necesidad de asistencia letrada ni de especiales formalidades de actuación, aunque pueden actuar debidamente representadas, con el único requisito exigido de acreditar fehacientemente dicha representación.

e) Los laudos arbitrales se adoptan por mayoría simple de votos, decidiendo los empates el Presidente, en los colegios tripartitos, aunque en la práctica, la mayoría de los laudos se aprueban por unanimidad de todos los árbitros, lo que favorece el cumplimiento voluntario por las partes, que solo pueden recurrirlos por causas de nulidad y son inmediatamente ejecutables en vía judicial, sin necesidad de acudir a un procedimiento declarativo ordinario.

f) En definitiva, mediante al arbitraje de consumo se contribuye a descargar de trabajo a los Juzgados y Tribunales, atribuyendo el conocimiento de las reclamaciones de consumo a personas vinculadas a este sector, lo que garantiza mejor los derechos de ambas partes, y se flexibiliza la tramitación de las vistas y el cumplimiento de los laudos.