Manifiesto del Consejo de Consumidores y Usuarios por el Día del Consumidor.

En este 15 de Marzo, algo menos atípico que el del año pasado, queremos sumarnos al Manifiesto Por El Día Del Consumidor.

Click en el enlace para acceder a el.

Feliz día del consumidor.!

Cómo actuar ante una suplantación de identidad en servicios de telecomunicaciones

·    La contratación irregular en servicios de telecomunicaciones mediante suplantación de identidad, que suele desembocar además en una inserción indebida en ficheros de morosidad, es una de las preocupaciones principales de los ciudadanos.

·    La Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Consumidores y Usuarios recuerdan los pasos básicos que debe seguir un ciudadano que haya sido víctima de ello.

La contratación irregular en servicios de telecomunicaciones mediante suplantación de identidad, que suele desembocar en multitud de ocasiones en una inserción indebida en ficheros de morosidad, es un tema que preocupa especialmente a los ciudadanos y es uno de los motivos más frecuentes de presentación de reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). De hecho, el sector de las telecomunicaciones aglutina más de la mitad de las sanciones que este organismo impone al año, y también es uno de los principales ámbitos de reclamación ante las organizaciones de consumidores.

En este sentido, la AEPD y el CCU, que recientemente han firmado un Acuerdo de Colaboración, señalan la importancia de que los ciudadanos conozcan cuáles son sus derechos en relación a la privacidad y el uso de sus datos y sepan cómo exigirlos y ante qué instancias reclamar si son víctimas de este tipo de abusos. Haciendo especial hincapié en la elaboración y difusión de informaciones que permitan a los consumidores saber, cuando se produce un incumplimiento de la normativa, si existe o no un problema relacionado con la protección de datos y cuáles son los pasos a seguir en un procedimiento de reclamación o denuncia.

Por ello, el Consejo de Consumidores y Usuarios y la AEPD están diseñando actuaciones conjuntas que tienen que ver con la divulgación de materiales elaborados por la Agencia, la formación de técnicos de consumo de las organizaciones y de la Administración, la realización de campañas o el fomento de buenas prácticas empresariales, entre otras.

En el Día mundial del consumidor, la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Consumidores y Usuarios recuerdan los pasos que debe seguir un ciudadano que haya sido víctima de una suplantación de identidad en la contratación de servicios de telecomunicaciones:

1. Existe la opción de presentar una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil por presunto fraude en la contratación. El afectado deberá trasladar una copia de la misma a la compañía que presta el servicio, solicitándole la cancelación de los datos.

2. Si como consecuencia de la suplantación se le estuviera exigiendo el pago de una deuda, el ciudadano puede reclamar ante las Juntas Arbitrales de Consumo. También puede presentar una reclamación ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones. Además, existe la posibilidad de recurrir a los Tribunales de Justicia. En todos los casos, conviene trasladar una copia de la reclamación al acreedor.

3. Si el ciudadano tiene constancia de que sus datos han sido incluidos en un fichero de morosidad a raíz de negarse a abonar ese servicio, deberá dirigirse al acreedor exigiendo la cancelación de sus datos, aportándole copia de cualquiera de los documentos recogidos en los puntos 1 y 2. Cuando, a pesar de haberlo solicitado, los datos sigan incorporados al fichero de morosidad, puede solicitar la tutela de la Agencia. Es recomendable también, si el afectado conoce quién es el titular del fichero de morosidad, enviar esos documentos solicitando la cancelación.

4. Si el ciudadano opta por acudir a la Agencia para denunciar la suplantación de identidad, es necesario indicar el servicio cuya contratación se le atribuye, indicando el número de línea asociada y añadiendo una copia de la reclamación enviada a la compañía. Si la reclamación se hubiera realizado por teléfono, será necesaria la referencia asignada durante la llamada. Es importante aportar una copia de las facturas asociadas al servicio objeto de denuncia. Si no se dispone de facturas, se puede presentar una copia de cualquier información que indique que los datos del ciudadano figuran en los ficheros de la entidad asociados al servicio supuestamente contratado. La Agencia recomienda ejercer el derecho de acceso ante la entidad para obtener esa información. Además, si el ciudadano ya optó por acudir a alguna de las vías indicadas en los puntos 1 y 2, aportará copia de los documentos correspondientes.

Para detectar e intentar paliar la contratación irregular, la Agencia tiene previsto poner en marcha un nuevo ‘Plan sectorial de oficio en contratación de servicios de telecomunicaciones’, que está previsto que se presente este año. A partir de este Plan, la Agencia elaborará unas guías útiles orientadas al ciudadano que abordarán en detalle las diferentes situaciones y los pasos que deben seguirse en cada caso.

El Consejo de Consumidores y Usuarios firma un acuerdo de colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos

El acuerdo tiene como fin difundir entre los ciudadanos sus derechos y cómo exigirlos en caso de que sus datos personales sean utilizados para la contratación irregular de servicios. 

El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) han firmado un acuerdo que tiene por objeto establecer la colaboración entre ambas partes, por un lado, para difundir entre los ciudadanos cuáles son sus derechos y cómo exigirlos en caso de que se utilicen sus datos personales para la contratación irregular de servicios y, por otro, para desarrollar acciones orientadas a fomentar las buenas prácticas empresariales.  

El acuerdo de colaboración, que se ha firmado durante la celebración del Pleno del Consejo de Consumidores y Usuarios del día 14 de diciembre, supone un compromiso para trabajar en los espacios comunes de ambos organismos, especialmente en ámbitos con un gran impacto entre los ciudadanos, como la contratación irregular de servicios, que además constituye una de las principales fuentes de reclamaciones. 

En la colaboración establecida en el acuerdo se despliegan varias líneas de actuación que cubren, entre otros aspectos, el desarrollo de acciones de promoción y difusión de los derechos de los ciudadanos que incluyen la elaboración de materiales y herramientas prácticas o la realización de actividades conjuntas de sensibilización, formativas y de orientación, así como el intercambio de información en la realización de estudios. Una de las acciones planificadas es el lanzamiento de unas fichas prácticas orientadas a consumidores y usuarios de internet para configurar las opciones de privacidad en diferentes servicios. 

Además, la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Consumidores y Usuarios también se comprometen a apoyar y difundir buenas prácticas entre las empresas que contribuyan a que estas realicen un tratamiento de los datos personales de sus clientes conforme a la normativa. 

Este acuerdo será de aplicación desde el día de su firma y estará vigente por un periodo de dos años.

Tasazo Judicial

Como todos sabemos ya, ha sido aprobada la imposición de tasas para el acceso  la justicia. , José Ramón Lozano, Secretaio General de UNAE, Presidente de la Comisión de Justicia del Consejo de Consumidores y Usuarios y en representación de éste mismo órgano, representantes de los sindicatos UGT, CCOO, USO y CSI-F y  del Consejo General de la Abogacía Española, han presentado esta mañana la Plataforma Justicia para Todos, que pretende poner de manifiesto su rechazo a la Ley de Tasas Judiciales y al Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita al considerar que impiden el acceso a la justicia a amplios colectivos sociales.

Asimismo, la plataforma pretende combatir el "veto" que supone el acceso a la Justicia de los consumidores y usuarios para la defensa de sus derechos básicos a la salud, la seguridad, reparación de daños y perjuicios e intereses económicos reconocidos en el artículo 51 de la Constitución.

En este punto, el presidente de la Comisión Técnica de Justicia del Consejo de Consumidores y Usuarios ( CCU), José Ramón Lozano, ha explicado que la organización que preside integra esta plataforma porque la Ley de Tasas "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución" así como el "derecho de igualdad ante la Ley, recogido en el artículo 14".

Por otra parte, Carlos Carnicer ha dicho que, aunque el Consejo General de la Abogacía Española "no tiene competencia" para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma de la Justicia, sí ha instado ya a que lo presenten tanto el PSOE como la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y el Consejo General del Poder Judicial.

 

Lozano afirmó que el nuevo sistema es "gravemente perjudicial" para los consumidores porque "en la práctica beneficia en exclusiva a las empresas, que van a encontrar en las tasas judiciales un arma de negociación y de coacción con los consumidores" que no puedan hacer frente a los pagos judiciales.

 

Además, nuestro Secrtario General José Ramón Lozano,que como se ha dicho acudía en calidad de representante de los consumdores y como Presidente de la Comisión de Justicia del CCU , ha destacado que la Ley de Tasas dificultará el acceso a la justicia de los consumidores en procesos por cantidades superiores a los 2.000 euros y también se ha quejado del doble sistema de tasas (fijas y variables).
A ello suma que los laudos arbitrales no serán gratuitos como hasta ahora, todo lo cual beneficiará a las grandes empresas, que podrán presionar con ese coste a los ciudadanos en un proceso de negociación, ha denunciado también. Recordemos que el arbitraje de consumo es gratuito, y si para hacer efectiva una resolución, se ha de pagar una tasa,se desvirtúa su sentido de rapidez y gratuidad.
Adicionalmente, ha considerado "muy limitada" la cobertura de justicia gratuita para unidades familiares sin recursos prevista por el ejecutivo.

El CCU solicita al Defensor del Pueblo que interponga Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas Judiciales

NOTA DE PRENSA CCU

Se rompe el criterio de gratuidad del Arbitraje de Consumo, puesto que la nueva Ley obliga a pagar una tasa para instar la ejecución judicial los laudos arbitrales

28 de noviembre. La presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, Francisca Sauquillo, han solicitado hoy al Defensor del Pueblo en nombre de las organizaciones miembro de ese consejo la presentación de un Recurso de inconstitucionalidad  contra los artículos 2, 4, 5, 6 y 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forenses, porque afectan y vulneran Derechos Fundamentales constitucionalmente reconocidos. Concretamente, la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, el derecho a la tutela judicial efectiva y el mandato a los poderes públicos de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios a través de procedimientos eficaces.

La Ley 10/2012 extiende el pago de las tasas judiciales  a las personas físicas salvo que se les reconozca el derecho de asistencia jurídica gratuita, que según el  Consejo se aplicaría con criterios muy restrictivos: para obtener este reconocimiento sólo se valora el nivel de ingresos de la unidad familiar, sin tener en cuenta otras circunstancias como los gastos de dicha unidad familiar, que alguno o varios de sus miembros se encuentren en situación de desempleo; que sean víctimas de violencia de género; que haya algún miembro discapacitado o dependiente; que sean familia numerosa; que tengan hijos menores de tres años, o que deban afrontar una cuota hipotecaria superior al 50% de sus ingresos. Se amplían también las tasas fijas y se mantiene el régimen de tasas variables, lo que pueden hacer que los costes de pleitos que se refieran a participaciones preferentes, viviendas, ejecuciones hipotecas o indemnizaciones por errores médicos, que pueden llegar incluso hasta un máximo de 10.000 euros, sean inasumibles para los demandantes

ROMPE EL CRITERIO DE GRATUIDAD DEL ARBITRAJE DE CONSUMO

El CCU recuerda que, si bien el Tribunal Constitucional se ha pronunciado a favor del sistema de tasas judiciales, se ha referido exclusivamente a personas jurídicas y no físicas, y aún así señala  que la cuantía de las tasas no puede ser tan elevada que obstaculice o impida el acceso a la justicia. Se trata de un criterio compartido en el marco de la Unión Europea tal y como  lo consagra en  el artículo 47 de la Carta de los derechos fundamentales, y en esta misma línea se ha pronunciado también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por otra parte, añade el Consejo, si otra finalidad declarada de esta Ley es incentivar la resolución de los litigios por medios extrajudiciales, paradójicamente se rompe el criterio legal de gratuidad del arbitraje de consumo,  pues la nueva Ley obliga a pagar una tasa para instar la ejecución judicial de títulos extrajudiciales como los laudos arbitrales de consumo.

Finalmente, el CCU considera que, además de un servicio público, el acceso a la justicia es un derecho constitucional fundamental y que la restricción del acceso a los tribunales supone una auténtica desigualdad de los ciudadanos ante la Ley y la quiebra del Estado de Derecho, que sólo beneficiará a las empresas que incumplan sus obligaciones con los consumidores, ya que los costes del proceso disuadirán a éstos de presentar demandas.

La ONCE dedica cinco millones de cupones a impulsar los derechos de los consumidores

La ONCE dedica el cupón del 15 de marzo al Día Mundial de los Derechos del Consumidor, coincidiendo con la celebración de esta fecha. Cinco millones de cupones llevarán este Día por todo el Estado español, impulsando los derechos de los consumidores, también de las personas con discapacidad.

En el acto han participado la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, Francisca Sauquillo, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, y el director general de la ONCE, Ángel Sánchez.

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se celebra el 15 de Marzo y es una jornada para promover los derechos fundamentales de todos los consumidores. El 15 de marzo de 1962, el presidente John F. Kennedy anunció los derechos de todos los consumidores e invitó a convocar este día como Día Mundial del Consumidor. En 1983 se celebró por primera vez este día. El 9 de abril de 1985, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó las Directrices de Naciones Unidas para la Protección de los Consumidores, quedando los derechos de éstos elevados a una posición de reconocimiento y legitimidad internacional.

Farjas destacó que “es necesario impulsar la accesibilidad en el consumo, porque no siempre las pautas generales sirven para todos”. Apuntó que el Gobierno está a la espera de que la Unión Europea establezca la obligatoriedad del etiquetado en Braille, que ahora existe para los medicamentos, al resto de productos y servicios, especialmente la alimentación.

La secretaria general de Sanidad subrayó que desde su Ministerio “estamos haciendo un especial trabajo en la Red para lograr su accesibilidad”. Farjas ofreció a la ONCE la colaboración del Gobierno para trabajar en esta línea y en dispositivos que puedan permitir a las personas ciegas identificar bienes y servicios.

Por su parte, Francisca Sauquillo alabó el trabajo de la ONCE por la igualdad de los consumidores con discapacidad y dijo que “todos somos consumidores”, y necesitamos tener la misma capacidad de acceder a productos y servicios.

Finalmente, Alberto Durán solicitó que las autoridades tengan en cuenta a “este importante grupo de la sociedad”, que son las personas con discapacidad, para que no tengan que “superar hándicaps insalvables en el acceso a algunos bienes”.

La relación entre la ONCE y las asociaciones de consumidores no es nueva. En el año 2010, el Consejo de Consumidores y Usuarios, la ONCE y su Fundación y el CERMI firmaron un convenio para defender a las personas con discapacidad como consumidores y realizar actuaciones que favorezcan y hagan efectivas sus garantías en este terreno. Mediante este convenio se da apoyo a iniciativas de fomento del consumo responsable, insistiendo en su dimensión social, beneficiando así a los productos y servicios producidos por personas con discapacidad que trabajan en Centros Especiales de Empleo.

Además, el acuerdo permite realizar actividades relacionadas con la seguridad jurídica de los consumidores y usuarios, impulsando actuaciones y regulación en el marco del sector del juego, incluyendo Internet, telefonía móvil y otros soportes tecnológicos existentes o que puedan existir, y que puedan en algún momento poner en riesgo la seguridad del consumidor.

Con este convenio se garantiza que las personas con discapacidad no sean utilizadas a la hora de ser contratadas por empresas que practican actividades como el juego ilegal, y aquellas que puedan vulnerar sus derechos a la hora de realizar alguna compra.

La ONCE y el juego responsable

La nueva Ley de la Economía Social, aprobada el pasado año, define a la ONCE como una corporación de derecho público de carácter social y sin ánimo de lucro, que tiene como fines la autonomía personal y la plena inclusión social de las personas ciegas y con otra discapacidad. El texto fija el papel de la ONCE como operador de juego responsable con una clara finalidad social y sujeto al control público, en cumplimiento de las normas de la Unión Europea. Todos los ingresos que la ONCE genera a través del mercado del juego los dedica íntegramente a acción social.

La Organización aplica en todos sus protocolos de formación de vendedores y resto de personal relacionado con el área de juego los conceptos de juego socialmente responsable, así como en todas las acciones formativas que se ofrecen a los agentes vendedores, especialmente a los de nueva incorporación.

Por otra parte, la ONCE formalizó en 2009 el Plan de Responsabilidad Social y Corporativa y Gestión Responsable del juego que le ha llevado a lograr los más altos estándares y certificaciones internacionales de seguridad en el juego que, cada año, renuevan con elevados niveles de exigencia la WLA (World Lottery Association) y la asociación europea de loterías, EL (European Lotteries).

El cupón de diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 50 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros, a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 21.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.com).

FUENTE: http://www.once.es/new/sala-de-prensa/notas-de-prensa/la-once-dedica-cinco-millones-de-cupones-a