El Gobierno ha dado un primer paso en la resolución de los desequilibrios
del sistema energético español con la aprobación de un paquete de medidas
urgentes encaminadas a solventar el desajuste que existen entre ingresos y
costes de los sistemas eléctrico y gasista y repartir este desajuste entre
consumidores, administraciones públicas y empresas.
Así, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley que reducirá los costes
del sistema eléctrico en alrededor de 1.700 millones de euros y, paralelamente,
aplicará una subida de tarifas que permitirá aumentar los ingresos del sistema
en unos 1.400 millones. Para los consumidores domésticos supondrá un alza media
del 7 por 100.
Estas medidas se emprenden de forma urgente para dar cumplimiento a unas
recientes resoluciones judiciales de recursos interpuestos por las compañías
eléctricas que obligan a cubrir un desajuste en el sistema eléctrico en 2011 y
2012 de unos 3.100 millones de euros. Este desajuste se produjo porque se
adoptaron incrementos de tarifas insuficientes para cubrir todos los costes del
sistema al tiempo que se encarecieron dichos costes.
El Gobierno ha decidido no cargar este desajuste exclusivamente en el
consumidor, ya que supondría aplicar un aumento en la tarifa de hasta un 37 por
100.
Las medidas de ajuste aprobadas hoy buscan repartir este esfuerzo entre los
consumidores, el sector público y el sector privado, y se sitúan en línea con la
reforma profunda del sector eléctrico y gasista en la que está trabajando el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Las medidas incluidas en el Real Decreto Ley están encaminadas a recortar
los costes en el sistema eléctrico y gasista, de manera que se racionalicen las
diferentes partidas y los peajes de acceso sean suficientes para satisfacer los
costes de las actividades reguladas, teniendo en cuenta el límite de déficit
ex-ante previsto para el ejercicio 2012 tal y como exigen las resoluciones
judiciales.
Subida de tarifas
La tarifa de último recurso (TUR) eléctrica subirá una media del 7 por 100.
Esta decisión, junto con la subida de tarifas para grandes consumidores, PYMEs,
y sectores industrial medio y gran industrial, supondrá unos ingresos
adicionales de unos 1.400 millones de euros.
Recorte de costes
La reducción de costes se reparte entre los diferentes agentes del sistema,
afectando a la distribución, el transporte, los pagos por capacidad, la
financiación del operador del sistema, la Comisión Nacional de la Energía y el
IDAE o la interrumpibilidad. El monto total aproximado por la aplicación de
estas medidas asciende a 1.700 millones de euros.
Distribución
Se reducirá la retribución a la distribución, una actividad regulada y
sujeta a una retribución aprobada por Gobierno. Se retribuyen, entre otras
cuestiones las inversiones, la operación y el mantenimiento de las
instalaciones, o la gestión comercial, como la lectura de contadores o la
atención al cliente.
Pagos por capacidad
Son un pago regulado para retribuir a las instalaciones de generación sus
servicios de capacidad de potencia a medio y largo plazo. Se incluyen dos tipos
de servicio: el incentivo a inversión en capacidad a largo plazo y la
disponibilidad de generación a medio plazo.
El Gobierno considera posible una reducción de esta retribución en el
actual contexto de reducción de costes del sistema.
Financiación del Operador del Sistema Eléctrico
El Operador del Sistema se financiará con cargo a los agentes a los que
presta sus servicios, de forma similar a como se financia el Operador del
Mercado OMIE. La metodología será fijada por el Gobierno en función de los
servicios que efectivamente preste.
CNE e IDAE
Para la reducción de costes del sistema, se emplearán los remanentes de
ejercicios anteriores de la Comisión Nacional de la Energía y el Instituto para
la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE).
Interrumpibilidad
El Gobierno incentiva la puesta a disposición al sistema eléctrico de la
potencia de grandes clientes, lo que se conoce como servicio de
interrumpibilidad. Dada la bajada de demanda, el exceso de potencia y por lo
limitado del uso de este servicio, en el actual contexto económico y del sistema
eléctrico, el Gobierno reducirá esta retribución.
Restricciones por garantía de suministro
El Real Decreto Ley de restricciones por garantía de suministro incentiva
la combustión de carbón nacional en las centrales térmicas. En el marco del
reparto del esfuerzo de los recortes entre todos los agentes del sistema, se
limitarán las subvenciones para esta partida.
Transporte
La actividad de transporte es una actividad regulada sujeta a una
retribución aprobada por el Gobierno que incluye, entre otras cuestiones, la
retribución a las inversiones y la operación, así como el mantenimiento de las
instalaciones. En el contexto actual de reducción de costes se retrasará un año
el reconocimiento retributivo de estas inversiones.
Sector del Gas
El Consejo de Ministros también ha aprobado una serie de medidas que
equilibren el sector del gas y eviten que se cree un problema de desequilibrios
como los registrados en el sector eléctrico.
Con la caída de la demanda y el intenso ritmo inversor mantenido en los
últimos ejercicios, el incremento de la tarifa de gas ha resultado insuficiente
para satisfacer los costes. Al igual que en este sector, el Gobierno ha optado
por repartir el desajuste existente aumentando los ingresos y reduciendo los
costes.
Así, la Tarifa de Último Recurso el gas subirá una media del 5 por 100 en
lugar del 13,3 por 100 que debería haber subido de no aplicar recorte de
costes.
Entre las medidas cabe destacar la suspensión de nuevas plantas de
regasificación en la Península, la suspensión de la autorización administrativa
de gasoductos planificados o la modificación en la retribución de los
almacenamientos subterráneos.
Además, se eliminarán los incentivos para contratar la capacidad de los
gasoductos a corto plazo, se limita la posibilidad de interrumpibilidad a las
zonas realmente congestionadas y se elimina la opción de retribución específica
de la distribución.
Trasposición De Directivas
El Real Decreto Ley también incorpora al ordenamiento jurídico español los
contenidos de las Directivas europeas en materia de energía y telecomunicaciones
con plazo de incorporación vencido.
Energía
En cuanto a la Directiva 2009/072/CE, sobre normas comunes para el mercado
interior de la electricidad, se incorporan al ordenamiento jurídico español,
nuevos preceptos para lograr una separación efectiva de las actividades de
suministro y generación de las actividades de red, planteando diferentes
opciones para llevar a cabo dicha separación entre actividades. Refuerza el
papel de las autoridades reguladoras nacionales, contemplando la creación de una
única autoridad reguladora a escala nacional, jurídica y funcionalmente
independiente de cualquier otra entidad pública o privada, y fija los objetivos,
obligaciones y competencias de las autoridades reguladoras.
Por otro lado, viene a reforzar las obligaciones de servicio público en el
sector eléctrico, con referencia, entre otros, al acceso de los consumidores a
sus datos de consumo, los precios asociados los costes del servicio, así como a
la información relativa a las vías de solución de conflictos. Se dispone,
asimismo, que los Estados miembros deben definir el concepto de cliente
vulnerable y establecer medidas para garantizar su suministro de energía
eléctrica, y se hace referencia a la pobreza energética.
La transposición abarca también a la Directiva 2009/073/CE sobre normas
comunes para el mercado interior del gas natural. Se incorpora a nuestro
ordenamiento jurídico, el concepto de separación patrimonial, entendiendo por
tal una situación en la que el propietario de la red es designado gestor de la
red y es independiente de cualquier empresa con intereses en la producción y el
suministro. Se profundiza en los objetivos y funciones que contribuyan a
garantizar la efectividad y aplicación de las medidas de protección a los
consumidores e introduce la referencia al consumidor vulnerable.
En cuanto a la Directiva 2009/028/CE, relativa al fomento del uso de
energía procedente de fuentes renovables. Su transposición ya se había
realizado, casi íntegramente, mediante la Ley de Economía Sostenible y otras
disposiciones de rango reglamentario. Esta trasposición habilita a la
Administración General del Estado para la puesta en marcha de mecanismos de
cooperación internacional para el cumplimiento de los compromisos de penetración
de energías renovables contemplados en la Directiva.
Telecomunicaciones
Se transponen las Directivas 2009/136/CE, 2009/140/CE y 2002/20/CE
relativas a un marco regulador común de las redes y los servicios de
comunicaciones electrónicas, el acceso a las redes de comunicaciones
electrónicas y recursos asociados, su interconexión, relativa a la autorización
de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (el plazo de transposición
venció el 25 de mayo de 2011).
Con la transposición de estas dos Directivas se finalizará la incorporación
al ordenamiento jurídico español del nuevo marco regulador europeo en materia de
comunicaciones electrónicas. Las modificaciones persiguen crear un marco
adecuado para la realización de inversiones en el despliegue de redes de nueva
generación, que permita ofrecer servicios innovadores y tecnológicamente más
adecuados a las necesidades de los ciudadanos. Asimismo, se introducen
importantes novedades en relación a los derechos de los operadores y en materia
de protección de datos se apuesta de manera decidida por alcanzar mayores
niveles de seguridad.
FUENTE: http://noticias.juridicas.com/
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