Los tribunales españoles deberán asegurarse del carácter claro y comprensible de
las cláusulas de contratos de préstamo hipotecario que establezcan la aplicación de
un tipo de interés variable basado en el índice de referencia de las cajas de ahorros.
Si llegaran a la conclusión de que dichas cláusulas son abusivas, podrán sustituirlas por un índice
legal aplicable de manera supletoria para proteger a los consumidores en cuestión de las
consecuencias especialmente perjudiciales que podrían derivarse de la anulación del contrato de
préstamo
En la sentencia Gómez del Moral Guasch (C-125/18), dictada el 3 de marzo de 2020, el Tribunal
de Justicia, en su composición de Gran Sala, ha declarado, que la cláusula de un contrato de
préstamo hipotecario celebrado entre un consumidor y un profesional, en virtud de la que
el tipo de interés que pagará el consumidor varía en función del índice de referencia basado
en los préstamos hipotecarios de las cajas de ahorros (en lo sucesivo, «índice de referencia»),
índice que está previsto por el Derecho español, está comprendido en el ámbito de aplicación
de la Directiva sobre cláusulas abusivas.
Ello se explica porque esa cláusula no refleja
disposiciones legales o reglamentarias de carácter imperativo, a efectos del artículo 1,
apartado 2, de la mencionada Directiva. El Tribunal de Justicia también ha precisado que los
tribunales españoles deberán comprobar que las cláusulas de esas características sean de
carácter claro y comprensible, con independencia de si el Derecho español ha hecho uso
de la facultad que se otorga a los Estados miembros en el artículo 4, apartado 2, de la
Directiva para establecer que la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se
refiera, entre otros, a la definición del objeto principal del contrato. Si dichos tribunales
llegaran a la conclusión de que esas cláusulas son abusivas, podrán sustituirlas por un
índice legal aplicable de manera supletoria, para proteger a los consumidores en cuestión
de las consecuencias especialmente perjudiciales que podrían derivarse de la anulación del
contrato de préstamo.
La presente sentencia se sitúa en el contexto de una petición de decisión prejudicial remitida por
el Juzgado de Primera Instancia n.º 38 de Barcelona. D. Marc Gómez del Moral Guasch presentó
demanda ante ese órgano en relación con el carácter presuntamente abusivo de una cláusula
referida al tipo de interés remuneratorio variable que figuraba en el contrato de préstamo
hipotecario que había celebrado con la entidad bancaria Bankia, S. A. En virtud de esa cláusula el
tipo de interés que pagará el consumidor varía en función del índice de referencia. Dicho índice
venía establecido por la normativa nacional y podía ser aplicado por las entidades de crédito a los
préstamos hipotecarios.
No obstante, el Juzgado señala que, como referencia para la revisión de
los intereses variables, ese índice era menos ventajoso que el tipo medio del mercado
interbancario europeo («euríbor»), que, según indica, se utiliza en el 90 % de los préstamos
hipotecarios suscritos en España, situación que representa un coste adicional de entre 18 000 y
21 000 euros por préstamo.
En primer lugar, el Tribunal de Justicia ha recordado que las cláusulas que reflejen disposiciones
legales o reglamentarias imperativas estarán excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva.
No obstante, ha observado que, sin perjuicio de la comprobación que realice el Juzgado, la
normativa nacional aplicable al presente asunto no obligaba a utilizar en los préstamos con
tipo de interés variable un índice de referencia oficial, sino que se limitaba a fijar los
requisitos que debían cumplir los «índices o tipos de interés de referencia» para que las
entidades de crédito pudieran utilizarlos. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia ha llegado a
la conclusión de que sí están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva las
cláusulas de contratos de préstamo hipotecario que estipulen que el tipo de interés aplicable al
préstamo se basará en uno de los índices de referencia oficiales establecidos por la normativa
nacional y que las entidades de crédito pueden aplicar a los préstamos hipotecarios, cuando esa
normativa no establezca ni la aplicación imperativa del índice en cuestión con independencia de la
elección de las partes del contrato ni su aplicación supletoria en el supuesto de que las partes no
hayan pactado otra cosa.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia ha abordado la cuestión de las facultades de los jueces
nacionales a la hora de comprobar la transparencia de una cláusula que se refiera al objeto
principal del contrato. El artículo 4, apartado 2, de la Directiva establece que la apreciación del
carácter abusivo de las cláusulas no se referirá, entre otros, a la definición del objeto principal del
contrato, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.
El Juzgado se planteaba la posibilidad de que el tribunal nacional se asegurara, aun si dicha disposición de la Directiva no había sido transpuesta al Derecho nacional, de que cláusulas como la controvertida cumplen con el requisito de la transparencia que preceptúa la propia Directiva. El Tribunal de Justicia ha destacado a ese respecto que las cláusulas contractuales deben siempre cumplir el requisito de la redacción clara y comprensible.
Según el Tribunal de Justicia, tal requisito se
aplica incluso cuando las cláusulas están comprendidas en el ámbito de aplicación de la citada
disposición y cuando el Estado miembro en cuestión (España en este caso) no haya adaptado su
ordenamiento jurídico a la disposición. De ello se deduce que los tribunales de los Estados
miembros deben siempre asegurarse de que las cláusulas que se refieran al objeto
principal de los contratos son claras y comprensibles.
En tercer lugar, el Tribunal de Justicia declara que, para cumplir con el requisito de la
transparencia que impone la Directiva,las cláusulas que fijen en los contratos de préstamo
hipotecario un tipo de interés variable no solo deberán ser comprensibles en un plano
formal y gramatical, sino también permitir que el consumidor medio, normalmente
informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el
funcionamiento concreto del modo de cálculo del referido tipo de interés y de valorar así,
basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas,
potencialmente significativas, de dichas cláusulas para sus obligaciones financieras.
Constituyen elementos especialmente pertinentes a este respecto, por un lado, la circunstancia de
que los elementos principales relativos al cálculo del mencionado tipo de interés resulten
fácilmente asequibles a cualquier persona que tenga intención de contratar un préstamo
hipotecario, dada la publicación del modo de cálculo de dicho tipo de interés en el boletín oficial
del Estado miembro de que se trate, y, por otro lado, el suministro de información por del
profesional al consumidor sobre la evolución histórica del índice en que se basa el cálculo de ese
mismo tipo de interés.
En cuarto lugar, por lo que se refiere a las facultades de los jueces nacionales al declarar el
posible carácter abusivo de una cláusula contractual a efectos de la Directiva, el Tribunal de
Justicia ha recordado que la Directivano se opone a que, en aplicación de principios del
Derecho de los contratos, los jueces nacionales supriman las cláusulas abusivas de los contractos
celebrados entre profesionales y consumidores y las sustituyan por una disposición supletoria de
Derecho nacional en aquellos casos en que la declaración de nulidad de las cláusulas abusivas
3 Artículo 4, apartado 2, de la Directiva, que tiene por objeto las cláusulas referidas al objeto principal del contrato o a la
adecuación entre precio y retribución, por una parte, y a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como
contrapartida, por otra.
4 Artículo 5 de la Directiva.
5 Artículos 4, apartado 2, y 5 de la Directiva.
6 Artículo 6, apartado 1, de la Directiva no se opone a que, en aplicación de principios del
Derecho de los contratos, los jueces nacionales supriman las cláusulas abusivas de los contractos
celebrados entre profesionales y consumidores y las sustituyan por una disposición supletoria de
Derecho nacional en aquellos casos en que la declaración de nulidad de las cláusulas abusivas obligaría al juez a anular el contrato en su totalidad, quedando expuestos así los consumidores a
consecuencias especialmente perjudiciales, ya que tal anulación del contrato podría en principio
tener el efecto de hacer inmediatamente exigible el pago del importe del préstamo pendiente de
devolución, en una cuantía que llegue incluso a exceder de la capacidad económica del
consumidor en cuestión, y, por esa razón, penalizaría a este más que al prestamista, a quien,
como consecuencia, no se disuadiría de insertar cláusulas de ese tipo en los contratos que
ofrezca. En el presente asunto, después de la celebración del contrato controvertido de préstamo
el legislador español ha introducido un índice «sustitutivo» que, sin perjuicio de las
comprobaciones oportunas que realice el Juez remitente, tiene carácter supletorio. Siendo ello así,
el Tribunal de Justicia ha considerado que la Directiva no se opone a que, en caso de
declaración de nulidad de una cláusula contractual abusiva que fija un índice de referencia
para el cálculo de los intereses variables de un préstamo, el juez nacional lo sustituya por
un índice legal aplicable a falta de acuerdo en contrario de las partes del contrato, siempre
que el contrato de préstamo hipotecario no pudiera subsistir tras la supresión de la
cláusula abusiva y que la anulación del contrato en su totalidad dejara al consumidor
expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales.
La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un
litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho
de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y
es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia.
Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-125/18
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