El CCU señala
que es una norma muy perjudicial para los ciudadanos, ya que supone un
incremento de los costes de acceso a la justicia y pone en riesgo su derecho a
una tutela judicial efectiva
La
votación de esta norma en la cámara alta está prevista para mañana 14 de
noviembre
13/noviembre.
El
Consejo de Consumidores y Usuarios, que agrupa a las organizaciones de
consumidores más representativas de ámbito estatal, se ha dirigido a
los grupos parlamentarios en el Senado a través de su presidenta, Francisca Sauquillo,
para pedir la retirada de la norma por considerarla gravemente perjudicial
para los ciudadanos. El proyecto tiene prevista su votación mañana, 14 de
noviembre.
El Proyecto de Ley por el que
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses inició su tramitación
en el Congreso el pasado 30 de octubre, siendo aprobado al día siguiente y
remitido al Senado. La urgencia en los plazos es negativamente valorada por el
CCU, al considerar que no se ha realizado un estudio económico riguroso sobre
los supuestos beneficios para la justicia española; no se ha contado con
el parecer de jueces, secretarios o abogados y se ha escamoteado el
necesario debate social ante una medida de esta envergadura.
El Consejo de Consumidores, que
ha elaborado un documento al respecto de explicación a los parlamentarios,
valora muy negativamente el proyecto de ley, por el que se pretende
cobrar una tasa a los usuarios de la justicia dependiendo de la a cuantía del
proceso judicial y del tipo de proceso, de modo que si no se realiza dicho pago
no se llevará a cabo la actuación procesal que se solicite. Para el CCU, este
tipo de tasas judiciales generalizadas a todos los ciudadanos por el ejercicio
de la potestad jurisdiccional crea una limitación considerable a la hora de
tener acceso a la justicia; beneficiará sobre todo a las empresas que incumplan
sus obligaciones con los consumidores en casos de menor cuantía, ya que el
coste del proceso disuadirá a éstos de presentar demandas, y se pone en riesgo,
en definitiva, el derecho efectivo a la tutela de los tribunales previsto en la
Constitución.
Precisamente este lunes el
Consejo General de la Abogacía convocó una concentración, ante los Juzgados
de la Plaza de Castilla y otros de toda España, solicitando la retirada
de este proyecto de Ley, en la que participaron, entre otros, el presidente del
Consejo, el decano del Colegio de Abogados de Madrid y la presidenta del
Consejo de Consumidores y usuarios, Francisca Sauquillo.
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