La Plataforma
Justicia para Todos reunida hoy 13 de febrero, aprobó por unanimidad el
siguiente comunicado:
1.- Apoyar la
convocatoria de huelga de las asociaciones de jueces y fiscales, Francisco de Vitoria,
Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de
Fiscales y Asociación Profesional de Fiscales, para el próximo día 20 de
febrero, y las concentraciones convocadas para ese mismo día por los sindicatos,
frente a un modelo de Justicia impuesto y no negociado, contra la privatización
del servicio público de la justicia, contra la Ley de Tasas y contra otras
medidas improvisadas y oportunistas que están provocando el desbaratamiento de
la Justicia.
2.- Compartir y
valorar positivamente las recomendaciones al Ministerio de Justicia de la Defensora
del Pueblo sobre la Ley de Tasas, de vital importancia por la afectación de los
derechos y libertades de los ciudadanos, que evidencian claramente inexcusables
razones para presentar inmediatamente el recurso de inconstitucionalidad.
3.- Lamentar las
palabras del Ministro que ha aceptado en horas lo que ha rechazado durante
meses, negándose a dialogar con todos los colectivos jurídicos y sociales e
ignorando el clamor popular que suponen las 350.000 firmas presentadas por los
ciudadanos contra la Ley de Tasas.
4.- Denunciar que
el gran atasco en la Administración de Justicia, que se ha visto agravado por
la supresión de jueces y fiscales sustitutos (1.200), puede devenir en
definitivo colapso si no se suspende inmediatamente la aplicación de la Ley de
Tasas, teniendo en cuenta que, como reclama la Defensora del Pueblo, deberá
devolverse el importe de las tasas a todos aquéllos que las hayan satisfecho y
que hayan obtenido en su día el beneficio de justicia gratuita.
5.- Manifestar que, a la espera de conocer alguna
concreción sobre la decisión del Ministerio, la Plataforma conmina a la
derogación o reforma sustancial de la Ley de Tasas a través del mecanismo
jurídicamente oportuno, para restablecer la tutela de los derechos de los
ciudadanos y, en todo caso, excluir a las personas físicas del pago de unas
tasas, desproporcionadas e injustas.
6.- Mostrar una
vez más la disposición a la negociación y al diálogo.
7.- Apoyar la
decisión del Parlamento sobre los desahucios y buscar soluciones negociadas
para un problema que afecta a miles de ciudadanos.
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