Ya son miles los usuarios que están desbordando las asociaciones de consumidores denunciando desde principios de año que algunas comercializadoras eléctricas les informan por carta de supuestas manipulaciones en los contadores que tienen como penalización un recargo en ulteriores facturas de entre 600 y 6.000 euros y que si no pagan, tendrán como consecuencia el corte del suministro.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha abierto un expediente informativo, sin carácter sancionador, para dar respuesta a los posibles fraudes en los contadores de la luz. "Unas malas prácticas que pueden ser objeto de irregularidades", señala el regulador en un comunicado.
Lo cierto es que puede haber muchas interpretaciones. No es ninguna barbaridad que lo manipule un vecino como venganza. Si me llevo mal con alguien, bajo al cuarto de contadores y después llamo a la eléctrica para que hagan una inspección. Le van a facturar 2.000 euros y él no tiene nada que hacer", relata a 'Vozpópuli' Jorge Morales, ingeniero industrial y experto en el sector eléctrico español. Y añade: "De primeras el cliente tiene que pagar porque sino, se queda sin luz. Luego si quiere puede recurrir a la vía judicial".
"También puede haber sospechas de que es la propia eléctrica la que manipula para luego facturar más dinero", prosigue Morales, argumentando que "siempre ha habido muchos problemas por saber quién había realmente tocado el contador".
Sin embargo y al margen de quien haya adulterado el consumo, al final es el cliente el que paga los platos rotos ya que sobre él recae la vigilancia del contador. "La custodia del contador es del consumidor a pesar de que la mayoría de la gente no sabe ni dónde está, sobre todo en comunidades de vecinos, en las que además suele tener la llave el presidente y el portero", explica el ingeniero al tiempo que aprovecha para destacar que este tipo de fraude llega después de que en diciembre se aprobara un incentivo legislativo para controlar estafas. Se trata del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, el mismo por el que "por primera vez en mucho tiempo a la compañía eléctrica se le daba una bonificación del 20% si pillaba este tipo de fraudes".
Recordemos que Defraudar fluido eléctrico es un delito, que puede ser susceptible de acción penal, por lo que de manera indirecta la Distribuidora está acusando a los consumidores de un delito. El problema es que lo hace sin más pruebas que sus propias afirmaciones, pues el contador manipulado NUNCA es puesto a disposición judicial, ni mostrado a autoridad pública alguna, ni al propio consumidor. Por tanto, acusa sin la prueba física real fundamental de un acto constitutivo de delito. Con ello además trata de forzar el pago de importes abultados, sin más justificación que los presuntos datos que obran en su poder, y que debe creerse el consumidor a pies juntillas.
Lo curioso es que esos datos en algunos casos, se remontan a dos y tres años antes de la última factura. Por lo que hemos de suponer que, presuntamente la compañía conocía los hechos y pese a ello, dejó pasar el tiempo sin comunicar al consumidor la supuesta irregularidad. Por ello, en el momento de aplicar las penalizaciones, se remontan a esas fechas, haciendo más cuantioso aún la deuda.
Llama la atención que una compañía pasa varios años sabiendo que hay un nutrido grupo de consumidores"defraudando fluido eléctrico", y sea en 2015 cuando decide repentinamente pone fin a esta situación, aún a riesgo de insolvencia de muchos clientes ( por los elevados importes de hasta 6.000€ en algunos casos ), en vez de haber cortado de raíz el problema en los primeros meses en los que se detecta.
Soluciones
Como soluciones que puede adoptar el consumidor, está la tradicional reclamación en Consumo, un escrito dirigido a la Dirección General de Energía y minas de la CCAA que corresponda o al órgano equivalente, Escrito a la Dirección general de Energía y minas del Ministerio de Industria, y por supuesto, la vía judicial. En éste caso, si se ha pagado, se podría acudir a la vía Civil para solicitar la devolución, y los daños y perjuicios por el enriquecimiento injusto de la compañía, y si no se ha pagado, para la anulación de la deuda. También podría ponerse Denuncia por vía penal obviamente, por una presunta estafa, o incluso por calumnias al imputar la empresa al consumidor un acto constitutiva de delito, careciendo de pruebas; y/o por coaccionar y amenazar al consumidor con el corte del suministro por el impago de cantidades derivadas de un presunto delito del que no existe elemento probatorio.Recordemos que además en las cartas emitidas por las empresas, tampoco se menciona en qué consiste la manipulación efectuada en el contador de la misma.
A ello hay que añadir, que en muchos casos, los propietarios del inmueble NO TIENEN ACCESO a los contadores, ya que la llave la tiene el o bedel de la finca,o la empresa que realiza lecturas, o ambos, lo que hace imposible el acceso y manipulación de contadores por parte del consumidor.
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