Asimismo, la plataforma pretende combatir el "veto" que supone el acceso a la Justicia de los consumidores y usuarios para la defensa de sus derechos básicos a la salud, la seguridad, reparación de daños y perjuicios e intereses económicos reconocidos en el artículo 51 de la Constitución.
En este punto, el presidente de la Comisión Técnica de Justicia del Consejo de Consumidores y Usuarios ( CCU), José Ramón Lozano, ha explicado que la organización que preside integra esta plataforma porque la Ley de Tasas "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución" así como el "derecho de igualdad ante la Ley, recogido en el artículo 14".
Por otra parte, Carlos Carnicer ha dicho que, aunque el Consejo General de la Abogacía Española "no tiene competencia" para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma de la Justicia, sí ha instado ya a que lo presenten tanto el PSOE como la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y el Consejo General del Poder Judicial.

Además, nuestro Secrtario General José Ramón Lozano,que como se ha dicho acudía en calidad de representante de los consumdores y como Presidente de la Comisión de Justicia del CCU , ha destacado que la Ley de Tasas dificultará el acceso a la justicia de los consumidores en procesos por cantidades superiores a los 2.000 euros y también se ha quejado del doble sistema de tasas (fijas y variables).
A ello suma que los laudos arbitrales no serán gratuitos como hasta ahora, todo lo cual beneficiará a las grandes empresas, que podrán presionar con ese coste a los ciudadanos en un proceso de negociación, ha denunciado también. Recordemos que el arbitraje de consumo es gratuito, y si para hacer efectiva una resolución, se ha de pagar una tasa,se desvirtúa su sentido de rapidez y gratuidad.
Adicionalmente, ha considerado "muy limitada" la cobertura de justicia gratuita para unidades familiares sin recursos prevista por el ejecutivo.
A ello suma que los laudos arbitrales no serán gratuitos como hasta ahora, todo lo cual beneficiará a las grandes empresas, que podrán presionar con ese coste a los ciudadanos en un proceso de negociación, ha denunciado también. Recordemos que el arbitraje de consumo es gratuito, y si para hacer efectiva una resolución, se ha de pagar una tasa,se desvirtúa su sentido de rapidez y gratuidad.
Adicionalmente, ha considerado "muy limitada" la cobertura de justicia gratuita para unidades familiares sin recursos prevista por el ejecutivo.
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