La situación económica actual de muchas familias, junto con las
dificultades de acceso a la financiación bancaria, ha permitido el incremento
de ofertas comerciales de préstamos rápidos. Estos préstamos exigen o bien una
garantía personal, que es en la que el prestatario responde con todo su
patrimonio sin que ninguno en concreto quede afecto al pago del préstamo, o
bien una garantía real, con la que un bien concreto queda sujeto al pago del préstamo en el caso de que el prestatario no pueda hacer frente a las
obligaciones contraídas.
Actualmente existe una preocupación por las irregularidades que
presentan tanto la información proporcionada por las empresas que ofrecen
prestamos rápidos como la documentación que emplean para llevar a cabo los
contratos de préstamos, concretamente en los contratos de préstamos que exigen
una garantía real.
En cuanto al funcionamiento de estos préstamos debemos destacar que
están sujetos a un contrato de prenda. Es decir, para que el consumidor pueda
obtener el préstamo deberá garantizar el
pago dejando en garantía un bien mueble. Dicho bien mueble será tasado por la
empresa y en función de dicha tasación se concederá una cantidad determinada.

En este sentido, se debe advertir al consumidor de los riesgos que
conllevan estos contratos y trasmitir las pertinentes recomendaciones con la
finalidad de proteger los derechos del consumidor.
El riesgo para el consumidor aparece en el momento en que estas
empresas anuncian sus servicios sin identificarse correctamente y sin facilitar
al consumidor información sobre el funcionamiento de la concesión del préstamo.
Así, llevan a cabo estos servicios en condiciones claramente mejorables en lo
que respecta a la protección de los derechos e intereses económicos del
consumidor.

Pero las extralimitaciones de estas empresas llegan incluso a afectar
la esfera de las condiciones generales de contratación y las políticas de
privacidad, introduciendo clausulas abusivas. Estas clausulas vinculan el
contrato a la voluntad del empresario y limitan los derechos del consumidor,
especialmente en materia de protección de los datos personales.
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