Así lo ha anunciado la presidenta del supervisor bursátil, Elvira Rodríguez, durante la presentación en el Congreso del primer informe de la Comisión de seguimiento de las participaciones preferentes, que cuenta con un mes de vida.
Según ha precisado, el objetivo de estas sanciones es crear una disciplina que permita que no se vuelva a repetir en el futuro un problema de estas características porque, ha dicho, la comisión parlamentaria que preside no tiene labores ejecutivas.
La presidenta de la CNMV ha asegurado que las entidades financieras no aplicaron "las normas más estrictas" sobre el asesoramiento a clientes en la comercialización de participaciones preferentes.
Rodríguez ha declarado, tal como se pone de manifiesto en el citado informe, que el número de clientes que contrataron estos productos después de ser advertidos de que la operación no era conveniente para ellos "fue muy elevado".
Además, el porcentaje de clientes a los que las entidades han reconocido haber recomendado personalmente la contratación de los mismos "es absolutamente marginal", lo que significa que "no fueron de aplicación las normas más estrictascorrespondientes al servicio de asesoramiento, básicamente el test de idoneidad, que es más exigente que el de conveniencia", ha recalcado.
Por último, ha señalado que, con carácter general, "aunque con importantes excepciones", las entidades financieras fueron capaces de acreditar el cumplimiento de las obligaciones de información a la clientela de la información. En dicho informe se asegura que, "salvo casos puntuales", las entidades cumplieron la normativa, pero admitía que esta afirmación se basa solo en la documentación aportada y que no puede comprobar si, como alegan los clientes, hubo recomendaciones verbales para que las adquirieran.
Según los datos del informe de los que ha dado cuenta Rodríguez, hasta 2011 las adquisiciones por parte de minoristas de preferentes oscilaron entre los 1.626 y los 4.526 millones anuales y las compras de deuda subordinada se mantuvieron entre los 48 y los 1.943 millones, mientras que en 2012 alcanzaron un volumen nominal de 9.999 y 2.663 millones, respectivamente.
Los precios, que estaban en torno al 100% del nominal, se sitúan ahora alrededor del 50-70% en las entidades que no han necesitado ayuda pública y en el 30-50% en el resto.
También ha desvelado que en 2012, se produjo "un fuerte aumento" de las reclamaciones recibidas por parte de los inversores, ya que se presentaron 10.900 frente a lasaproximadamente 2.000 de cada uno de los años anteriores.
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